Si se concreta lo que la mayoría de medios digitales ya anuncian, el nuevo decreto sobre desahucios que prepara el Gobierno de la nación entrará en vigor en cuestión de semanas. Según parece, se pretenden tomar medidas restrictivas de cara al desahucio en los casos de impagos por alquiler o préstamos hipotecario. Como en anteriores ocasiones, los inquilinos serán los perjudicados.
Aparentemente, estas medidas irían encaminadas a evitar el lanzamiento de deudores en casos de impago de alquileres en zonas “tensionadas” e hipotecarios. La medida, parece, afectará a grandes propietarios o tenedores de vivienda (bancos, fondos buitre, socimis…). No sabemos, por tanto, el alcance real de las medidas hasta que no se publique el decreto. En cualquier caso, y puesto que esos grandes tenedores sólo representan el 3% del mercado, si la norma fija su atención en esos grandes propietarios, es obvio suponer que los efectos serán muy menores en el cómputo de las grandes cifras del alquiler, puesto que el porcentaje del que hablamos es mínimo. Hará falta que se perfile más qué son las “zonas tensionadas” de alquiler en las ciudades para lograr intuir cuál será el alcance real de la medida. https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2020/03/09/780676-el-gobierno-aprobara-medidas-para-acabar-con-el-desahucio-por-alquiler-de-grandes
foto: libremercado.com
Sea como fuere, la imposibilidad de echar a un inquilino moroso no hará sino perjudicar al común de los inquilinos. Cuando un propietario no puede expulsar legítimamente a quien no cumple con su contrato, es lógico suponer que ese propietario no volverá a poner en alquiler su vivienda toda vez que haya conseguido librarse del deudor, algo que, según parece, podrá prorrogarse hasta los 14 ó 15 meses. Ese tiempo es a todas luces inasumible por la inmensa mayoría de propietarios. Lo normal, decía, será no volver a alquilar esa vivienda en un futuro, o acabar vendiéndola. De una u otra forma, el resultado será que esa vivienda ya no estará en el mercado de alquiler.
Cuando se garantiza por ley la morosidad sin consecuencias, los resultados son devastadores para todos, propietarios e inquilinos. Si una ley asegura el no hacer valer la palabra dada en un contrato, la respuesta lógica a ese despropósito será que no se darán las circunstancias de mercado que posibiliten la disponibilidad de vivienda. Nadie pone su vivienda en alquiler para que el Estado te garantice que no te van a pagar. Es la materialización del absurdo. En lugar de garantizar el pago por los deudores mediante la ley, se garantiza el impago y se protege al que no paga, además, a costa del que ofreció su vivienda en alquiler.
Medidas como esta sólo conseguirán que los propietarios extremen el celo en la búsqueda de inquilinos. En adelante, los propietarios harán bien en buscar inquilinos con muy buenas referencias previas, con un nivel de solvencia importante, dejando en cada vez peor situación a las personas con menos solvencia, peores trabajos y menor capacidad adquisitiva. Por desgracia, los menos afortunados serán, de nuevo, los más castigados por la demagogia.
