La Zona de bajas emisiones de Granada está al caer, y amenaza con dejar a las puertas a miles de contribuyentes que se domiciliaron en el lugar equivocado…
Granada se enfrenta, ahora sí, al mayor bloqueo de movilidad de su historia, excepción hecha del confinamiento por la covid. Aunque, para ser justos, los que realmente van a sufrir ese bloqueo van a ser los habitantes del área metropolitana de la capital. Son los domiciliados en esos “veintilargos” municipios, tan ligados a la ciudad de Granada que resulta imposible distinguirlos de cualquier barrio periférico, incluso geográfica y urbanísticamente. Decenas de miles de vehículos van a ver prohibida la circulación -bajo amenaza de multas- dentro del término municipal de la capital. Según la Corporación que preside la alcaldesa Carazo, serán poco más o menos 6.000 los vehículos (sin etiqueta medioambiental) que se arriesgan a ser multados si cruzan los límites ideados para dibujar la zona de bajas emisiones de Granada. Escasos se me antojan esos números, fruto de un estudio de unos días de duración, en el mes de enero de un par de años atrás. Es llamativa la cifra de sólo 6.700 vehículos (http://www.movilidadgranada.com/noticias.php?idioma=es&id=501), habida cuenta de la cantidad de la población que suman Granada y el área metropolitana, que casi roza, si no supera, los 600.000 habitantes.
En cualquier caso, demos por buenas las cifras, que sólo son orientativas y que no harán sino crecer desmesuradamente en cuestión de dos años.
La Corporación de la alcaldesa se ha propuesto multar a todos los vehículos que, no pagando su sello de circulación en la capital, entren en ella sin la correspondiente pegatina en el parabrisas. De momento no se exige una letra y colores concretos en las pegatinas, sino que el vehículo disponga de una. Lo de la letra y el color ya se abordará más adelante, no vaya nadie a pensar que se va a terminar librando del rodillo recaudatorio… esto va por fascículos, y todos los vehículos irán cayendo inexorablemente bajo el manto coercitivo del ayuntamiento.
La realidad, una vez descifrado el galimatías numérico de la web del Ayuntamiento en que explican las razones para la creación de la zona de bajas emisiones, es que las medidas sólo disuadirán, sobre el papel, al 7.5% de los vehículos que circulan a diario por Granada. En cualquier caso, esa cifra sería aún menor, habida cuenta de que no uno, ni dos, sino que muchos de esos vehículos entran en más de una ocasión en la ciudad, con lo que una cifra más real podría rondar el 5 ó 6%. Hablamos de vehículos sin distintivo ambiental, por lo que no debemos olvidar que, como dice el propio Ayuntamiento, se estudiará en breve la ampliación de las restricciones a otras de las etiquetas, lo que hace pensar que las “B” y “C” serán las siguientes en sufrir el acoso de las administraciones.
Así las cosas, el empeño medioambientalista de la alcaldesa a partir del año próximo, cuando empiecen las multas, será mayúsculo, pero para unos porcentajes minúsculos, exiguos. Se tratará, en realidad, de la piedra de toque de un arsenal restrictivo mucho mayor, que restringirá, cuando no fulminará, el traslado de decenas de miles de personas que, cada día, por razones laborales y académicas en su enorme mayoría, llegan a Granada. la polémica y las multas están, ahora sí, servidas.
Lo que no está claro es si la capital granadina, una vez blindados sus límites a la altura de las entradas desde la circunvalación, habrá impedido que el aire contaminado quede confinado tras ésta… Suena estúpido, pero la realidad es que poco le importan las multas a pie de autovía al aire, so pena que los coches sin etiqueta de, digamos, Armilla, sean tan inteligentes que expulsen sus gases contaminantes siempre en dirección opuesta a la capital. Pensar que imponer una frontera al nivel del asfalto va a impedir que el aire circule libremente de Maracena a Gójar, pasando por Granada, es hasta tierno. Más nos valdría que idearan una gigantesca cápsula donde resguardar a los granadinos de la capital frente a los agresivos vecinos del área metropolitana, sobre quienes se están haciendo descansar las culpas del aire que respiramos.
Las consecuencias de esta fiebre prohibicionista no se van a hacer esperar. Miles de familias del área metropolitana se verán abocadas en los próximos años a realizar grandes desembolsos para adquirir un tipo de vehículo –eléctrico o híbrido- que quizás no puedan afrontar. Al igual que argumentan los denunciantes de Madrid que han paralizado, de momento, la aplicación de parecidas medidas, no se ha tenido en cuanta el perjuicio económico a las clases sociales más humildes, quienes, en su mayoría, no podrán afrontar la compra de un híbrido/eléctrico, para desplazarse a su trabajo hasta la capital.
Discriminar por razón del domicilio de un contribuyente, que es de lo que se trata, debería ser de una inconstitucionalidad de libro, pero parece que no lo es. Salvando las distancias, me recuerda este alambre de espino con se pretende rodear la ciudad, al antiguo fielato, en el que había que satisfacer las tasas municipales sobre la venta de mercancías que llegaban de fuera para poder venderlas en la ciudad.
